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Moreyra le reclama a exfuncionarios –incluido Rossi– y a la empresa más de 10 millones de pesos para compensar el daño producido al municipio
El abogado Guillermo Mulet presentó ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, una demanda por daños y perjuicios contra los imputados en la causa penal que investiga la ejecución de 20 cuadras de asfalto en Santa Elena por un monto que superó los 20 millones de pesos, de acuerdo a la acusación de la fiscalía. La presentación del letrado paranaense fue realizada en representación del intendente de la localidad, Silvio Moreyra.
Según el petitorio, los demandados deberán responder “por los daños patrimoniales causados en perjuicio de la Municipalidad de Santa Elena” por la ejecución de la obra, y por lo que esta reclama el pago de la suma “estimativa y provisoria” 10.937.255,46 pesos “o lo que en más o en menos resulte de las probanzas a rendir en autos y/o determine el elevado y prudente criterio judicial, con más sus intereses y las costas del proceso”.
La demanda civil alcanza a “L & C Construcciones SA (en carácter de empresa constructora “adjudicataria” y “responsable” de la ejecución de la obra “Construcción de 20 cuadras de pavimento”)”, a Domingo Daniel Rossi como ex presidente municipal de Santa Elena, consignó Análisis Digital. También son alcanzados por el reclamo la exresponsable de Contaduría Municipal, María Inés Martínez; el exsecretario de Gobierno y Hacienda, Roberto Méndez; quien fuera , responsable Técnico de la obra por la Municipalidad, Adolfo Ortiz; el presidente de empresa contratista LyC Construcciones, Néstor Juan Szczech; y el representante de la empresa Carlos Lescano; entre otras personas.
También pide que se “cite en garantía a la compañía de seguros Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros” ante la póliza de seguro de caución N° 503.187 emitida en Buenos Aires el 12 de enero de 2015.
Sobre el punto anterior, el letrado recordó en el texto de la demanda que la obra está asegurada con dos garantías: “Una de cumplimiento de contrato equivalente al 5% del valor de la obra” que se otorgó al momento de la adjudicación a través de la mencionada póliza; y otra garantía “en concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% del valor de la obra: esta garantía se fue deduciendo en dinero efectivo de los distintos certificados de avance de obra. Antes del cambio de gestión de autoridades municipales ( 10/12/2015) –y según lo informado por el perito oficial ingeniero Uranga– la Municipalidad hizo efectiva la restitución en dinero en efectivo del Fondo de Reparo a la empresa quien a su vez manifestó que se habría hecho efectivo la sustitución de dicho fondo mediante la cobertura de otro seguro de caución que cuya existencia no se encuentra debidamente acreditada en autos”.
Además, si “se desconociera la cobertura del riesgo; y/o la vigencia de la cobertura y/o el alcance de la responsabilidad de la aseguradora con relación a los montos a reparar peticionados y que surjan de autos sea en concepto de garantía de cumplimiento de contrato y/o de fondo de reparo” solicitaron que se designe “un perito contador único de oficio para que previo estudio de los libros de la aseguradora” y demás documentación, “se expida acerca de la vigencia y alcance de la cobertura”.
(El Día)
