Senador Larrarte

Ante la advertencia del sindicato de trabajadores de prensa, en la Cámara alta decidieron introducir una reforma a la ya reforma de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

Habrá una ley alternativa para no caer en lugares donde la duda jurídica pueda llegar a ocasionar un problema a futuro. En el gobierno provincial, y también en el Senado, dicen que no hacía falta pero avanzaron en un texto complementario a la reforma de la Ley de Procedimientos Constitucionales. El foco de la polémica había recaído en la reglamentación del habeas data, una institución novedosa en la legislación argentina.

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La duda llegó cuando periodistas advirtieron sobre el peligro de perder el derecho a preservar las fuentes de información en el ejercicio del oficio. La reforma abordada en la Legislatura, en uno de sus artículos, habilitaba a que “cualquier persona humana puede reclamar por vía de amparo una orden judicial para tomar conocimiento de los datos referidos a ella, a sus familiares directos fallecidos, o a sus propios bienes, así como la fuente, finalidad y destino de los mismos, que consten en todo registro, archivo o banco de datos públicos o privados de carácter público, o que estuvieren almacenados en cualquier medio técnico apto para proteger informes. En caso de falsedad o uso discriminatorio de tales datos podrá exigir la inmediata rectificación o actualización de la misma”.

El texto no menciona explícitamente que el recurso de habeas data no podrá afectar en ningún caso las bases de datos o las fuentes utilizadas para la información periodística, como sí lo establecen la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. ¿Qué dijeron en el Ejecutivo y la Cámara alta? Que estando claro en los textos constitucionales no era necesario que lo especifique una ley. Sin embargo, no son pocos los casos que llegaron a la Justicia y lo dicho en la Constitución pero no en la ley terminaron en un largo letargo sin resolver. Por caso de la designación de Guillermo Smaldone al frente del Tribunal de Cuentas. En Entre Ríos es necesario que lo diga la carta magna y también la ley, aunque sea de un rango menor.

Para evitar otra catástrofe judicial como fue esa designación que estuvo años en los tribunales y no se resolvió por quedar abstracta, el Senado decidió hacer una ley que especifique y les garantice a los periodistas la reserva de las fuentes, como lo reclamó el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc).

El párrafo agregado, cuya autoría responde al senador justicialista Lucas Larrarte y al que Página Judicial tuvo acceso, especifica en una línea: “En ningún caso se podrá afectar la base de datos, las fuentes de información periodísticas, ni el secreto profesional”. Así quedarán salvadas las dudas de los periodistas que advirtieron un vacío en el proyecto que se estaba tratando.

(Página judicial)

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