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El juez de Nogoyá Gustavo Acosta fue quien más impulsó la causa de la familia Gill. Pasaron 19 años y el caso se convirtió en un símbolo de la impericia judicial, policial y gubernamental

A pesar de ser el único caso en el país de la desaparición de la familia Gill completa en plena democracia, el Poder Judicial entrerriano jamás conformó un equipo para investigar profundamente qué pasó con Rubén Mencho Gill de 56 años, su esposa Margarita Gallegos, de 26, y sus cuatro hijos con edades de 2 a 12 años. Dejaron todo en manos de un juez instructor, Sebastián Gallino, hoy juez federal, que recién 18 meses después de la desaparición dispuso una medida para encontrar a los integrantes de una humilde familia de campo que vivía en Crucesitas Séptima bajo las órdenes de Alfonso Goette, un alemán que murió en 2016 en un accidente de tránsito.

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El poder político no se esforzó mucho. La Policía lo primero que hizo cuando llegó al campo para una inspección el 27 de mayo de 2002 fue comer una vaquilla, que hizo carnear para la ocasión el dueño de la Estancia La Candelaria. Recién el 10 de julio de 2003 se hizo una rastrillaje del que no participó ni el juez ni la fiscal a cargo de la causa de desaparición, hasta hoy, más importante de la provincia de Entre Ríos por cantidad de personas “buscadas”. Esta situación y otras cosas raras que ocurrieron sembraron más dudas sobre Alfonso Goette, que quedó en el centro de las sospechas, pero nunca se encontró una prueba en su contra. Es más, quien viaja a Paraná en marzo de 2002 para informarle a Otto Gill que su hermano y su cuñada y sobrinos se habían ido del campo es Goette, si bien no había hecho denuncia policial por el hecho.

Siempre se contó que a un empleado le hizo prender fuego los colchones que ocupaba la familia para dormir porque estaban podridos. Un rumor decía que la persona que quemó los colchones dijo que estaban como apelmazados por algo parecido a la sangre, pero eso no se sabrá nunca.

Después apareció un gomero que dijo que los Gill andaban en un Chevrolet Súper de color azul y que iban rumbo a Mercedes, Corrientes, a conocer el Santuario del Gauchito Gil.

Además el hombre dijo que tuvo una charla con Osvaldo, de 9 años, algo que es poco probable ya que según los familiares era muy tímido y tenía dificultades para expresarse. Lo que se hizo desde 2002 para encontrar a la familia fue muy pobre. Tanto la Provincia como la Nación no hicieron grandes aportes, años estuvieron para poder disponer de una recompensa para intentar romper el cerco de silencio que se formó alrededor de la causa. La SIDE (ahora AFI) se negó a intervenir porque respondió no estar para esas cuestiones internas.

Un impulso

La familia de Margarita y de Mencho destacan el impulso que le dio a la investigación el juez Gustavo Acosta, quien entre otras cosas consiguió que los ADN de las dos familias queden bajo resguardo por si en el futuro se encuentran restos óseos. Los Gill y los Gallegos han acompañado de cerca el accionar de la Justicia. En los últimos años María Delia Gallegos junto a Acosta visitaron a un cazador y pescador de la zona de la estancia La Candelaria que aportó datos que sirvieron para que en 2018 y 2019 se realicen excavaciones en la zona del campo conocido como El Abasto.

El testigo había dicho que tiempo después de la desaparición había notado cambios en la zona cercana a arroyo donde hay aljibes. Pero las excavaciones y vaciado de pozos no dieron ningún resultado positivo para la investigación, que estuvo muchos años paralizada en los que se perdió información valiosa.

María Delia Gallegos, tiene 64 años y cuando habla sobre la causa ahora lo hace en plural porque tras años de luchar sola, ahora encontró en Acosta y también en la Policía acompañamiento. La familia dice que no pierde la esperanza que algún día se sepa qué pasó con Rubén José Gill, su esposa, Margarita Norma Gallegos y sus chicos María Ofelia de 12, Osvaldo José de 9, Sofía Margarita de 6 y Carlos Daniel de 2.

(UNO)

 

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